Economía

Tutela de la magistrada Cristina Lombana por caso de Uribe fue admitida

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El Consejo de Estado admitió la acción de tutela que interpuso la magistrada de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia Cristina Lombana Velásquez, quien solicitó conocer los dos procesos que llevaba la corporación contra el senador Álvaro Uribe Vélez, pues durante la semana pasada la Sala se los retiró.

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La corporación aseguró que tal decisión debía ser conocida por “la mencionada autoridad, la admisión de la presente demanda haciéndole llegar copia de la misma, con el fin que rinda el informe señalado en el artículo 19 del Decreto 2591 de 1991, para lo cual se le otorga un término de dos días contados a partir del recibo de la comunicación”.

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El Alto Tribunal señaló que el Ejército debe ser notificado para que en el término de dos días contados a partir del recibo de la notificación, certifique la condición de miembro activo de la institución de Lombana Velásquez, incluyendo la fecha de vinculación al servicio y su actual situación administrativa

Del mismo modo, la corporación señaló que no accede a la medida provisional que instauró la jurista de suspender los efectos de las decisiones del 10 de mayo, proferida por la Sala de Instrucción, dado que “no se observa una vulneración o amenaza de los derechos fundamentales invocados que imponga la necesidad de adoptar medidas de protección urgente”

Así las cosas, con la determinación se abre la brecha a que la magistrada conozca de los procesos de Uribe Vélez que en algún momento le fueron arrebatados de su despacho. El primero de ellos corresponde al llamado a indagatoria que está en firme en contra de Hernán Prada y el mismo Uribe Vélez

El segundo es por la compulsa de copias que se originó contra el jefe del Centro Democrático, luego de que al también senador Iván Cepeda se le archivara la investigación por falso testimonio

Durante la semana pasada, la jurista y miembro de la Fuerza Pública instauró la acción, porque a su juicio con la determinación de la Sala se veían afectados el derecho a la igualdad, la no discriminación, el buen nombre, la honra, el debido proceso y a la participación en la conformación, ejercicio y control del poder político

Para la magistrada, “con su decisión la Sala Especial de Instrucción pone en entredicho mi imparcialidad, mi independencia, buen juicio, compromiso con la justicia, decoro, ética rigurosidad y honestidad. En suma, cuestiona mi credibilidad”